La Ley Rider: un muy buen comienzo

En los últimos días venimos asistiendo, no sin un cierto alborozo, a las reacciones frente a la publicación del "Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales", más conocido como "Ley Rider". Casi todo son parabienes. No es para menos si se tiene en cuenta que España se convierte así en el primer país europeo en dotar de un marco jurídico a esta particular forma de prestación de actividades profesionales y, además, con el respaldo del diálogo social

Éste es precisamente el rasgo más destacable para el profesor Jesús Cruz en este artículo de opinión para El País: «que la nueva norma nazca de un laborioso acuerdo de concertación social refuerza la legitimidad de la medida y le otorga dosis superiores de eficacia y efectividad» y, además, «sanea y proporciona coherencia a nuestro mercado de trabajo». Por su parte, Eduardo Rojo, rozando la ubicuidad, publica en net.21 esta pequeña reflexión (aunque no dejen de seguir su blog personal, que allí también encontrarán información muy relevante sobre la materia -y sobre todo-). En ella, no solamente hace un repaso del camino recorrido hasta la alcanzar la nueva Ley, sino que pone de manifiesto las bondades que la presunción de laboralidad -también las dudas- tendrá para evitar comportamientos estratégicos por parte de las plataformas.

En esas primeras impresiones, el profesor Baylos se centra en dos aspectos esenciales. Por una parte, la presunción de laboralidad la califica de "fuerte" y con una importante "fuerza expansiva", puesto que «la ley presume de manera terminante que la inclusión en el ámbito laboral se produce en cuanto se trate de una actividad de reparto gestionada u organizada mediante algoritmos a través de una plataforma digital». Por otra, en el plano colectivo, apunta hacia la necesidad de una reforma del ET y hacia la utilidad que un convenio colectivo de sector podría tener en la garantía de unas mejores condiciones de trabajo. Adrián Todolí se detiene también en los dos ejes vertebradores de la reforma, subrayando el limitado ámbito de aplicación de la presunción, sólo para los riders pues fue necesario para alcanzar el acuerdo entre los agentes sociales; y destacando la incorporación del contenido de los algoritmos en el derecho de información de la RLT, para él, «la parte verdaderamente novedosa».


Fuente: Pixabay


Nos gustaría contribuir a este debate desde una perspectiva algo diferente, centrada no tanto en lo que la Ley Rider supone en sí, sino en lo que ha de suponer en un futuro cercano. No es nuestro propósito aguarle la fiesta a nadie, pero por más que el Real Decreto-Ley 9/2021 suponga un avance muy significativo, no es ni mucho menos el final del camino, sino más bien un inicio brillante. Ello es así, entre otras cuestiones, por el alcance limitado de la reforma, centrada en dos aspectos muy concretos y, en el caso de la presunción de laboralidad, únicamente además aplicable al sector del "delivery". A esto habría que añadir, la más que probable reacción estratégica de las empresas del sector, como este interesante estudio de la UGT apunta. Por si todo esto fuera poco, no debemos olvidar que, como se ha puesto de manifiesto en otra entrada de este blog, también se ha abierto el debate en Europa, planteándose la aprobación de un hipotética directiva que, de fructificar, implicaría nuevos cambios en nuestro ordenamiento jurídico en términos mucho más ambiciosos si cabe que los planteados hasta ahora. 

Así las cosas, el diálogo social (y la acción del Gobierno) debiera plantearse cuáles han de ser los siguientes pasos en la regulación de esta forma particular de prestación de servicios. Un primer ámbito a cuestionarse es precisamente el de la extensión de la regulación más allá del delivery. Hemos sido capaces de aportar un instrumento jurídico de enorme utilidad, la presunción de laboralidad, para la manifestación más visible del trabajo en plataformas, pero quedan otros muchos sin regular. Una regulación general y omnicomprensiva del trabajo en plataformas resulta a todas luces necesaria

En segundo lugar, de plantearse esa regulación general, habrá que plantearse si la solución del trabajo por cuenta ajena es la más adecuada para todos los tipos de actividad que en ella se engloban. Es más, aunque se llegara a la conclusión de que pudiera establecerse una presunción de laboralidad general para todo el trabajo en plataformas, es probable que algunos sujetos quedaran al margen precisamente porque se probara que la relación laboral no existe. Desde esta perspectiva, la de un trabajo de plataformas integrado por trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, resultaría necesario abordar una mejora de las condiciones de trabajo de estos últimos bajo la máxima de que no son trabajadores por cuenta propia al uso e incluyendo también las cuestiones relativas a la protección social.  

En tercer lugar, incluso en el concreto ámbito del trabajo por cuenta ajena, parecen también necesarias adaptaciones de la regulación laboral general a las particularidades de esta forma de prestación del servicio. En este informe, la Comisión europea aborda las insuficiencias de la directivas en materia de condiciones de trabajo en relación con el trabajo en plataformas. Si las directivas necesitarían amoldarse, ¿por qué hemos de pensar que nuestro ET está en mejores condiciones de propiciar soluciones adecuadas a los problemas que se plantean? Es cierto que a nivel nacional contamos con la negociación colectiva para facilitar esa tarea, pero parece demasiado arriesgado fiarlo todo a esta carta, no solamente por las dificultades intrínsecas para pactar convenios colectivos en los sectores implicados (o en un hipotético sector de plataformas, si es que esto es posible), sino porque el convenio puede encontrarse con limitaciones impuestas por una Ley que no fue pensada para esta forma de prestación del servicio. La jornada de trabajo y el salario parecen, cuanto menos, áreas de imprescindible revisión.

Por último, y esta es una cuestión que apunta Antonio Baylos en el post antes referenciado y cuyas concretas fricciones fueron estudiadas por Patricia Nieto, miembro de Labos, en este trabajo; también son necesarias reformas legislativas en las normas reguladoras de la representación de los trabajadores y en materia de acción y negociación colectiva para propiciar la representación y acción colectiva de las personas trabajadoras en plataformas e impulsar la negociación en los sectores concernidos. Esto es especialmente importante si se tiene en cuenta que la negociación colectiva puede jugar un papel especialmente significativo en la adaptación de la normativa laboral a la particularidades de esta forma de prestación del servicio.

En suma, tenemos motivos para alegrarnos y dar la bienvenida a la Ley Rider, tantos como para continuar trabajando en la configuración de soluciones jurídicas para los numerosos problemas que plantea el trabajo en plataformas.



    

Comentarios

Entradas populares de este blog

Erte y trabajadores en situaciones singulares (maternidad, paternidad, incapacidad temporal, etc.)

¿Pueden coexistir los ERTE por fuerza mayor y los ERTE por impedimento y/o limitación?

El desempleo de los fijos discontinuos: dudas interpretativas