Cuestiones controvertidas que suscita el régimen jurídico de los investigadores predoctorales y la solución dispensada a las mismas por los Tribunales

Entrada elaborada por Josep Moreno, Universidad de Lleida

 A pesar de la entrada en vigor del Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador en Formación (en adelante, EPIPF), el régimen jurídico de este colectivo de investigadores sigue planteando importantes cuestiones conflictivas que han tenido que ser resueltas por los tribunales.

La primera cuestión conflictiva hace referencia a la fijación del momento en que debía aplicarse el incremento salarial previsto por el EPIPF, no en vano, la previsión por parte de esta norma de un salario mínimo profesional garantizado para el colectivo de los investigadores predoctorales en formación, planteaba la cuestión de determinar cómo afectaba dicha previsión a los contratos predoctorales ya vigentes en el momento de su entrada en vigor y, en particular, si los salarios previstos en dichos contratos debían adecuarse a lo previsto ahora por el art. 7.2 EPIPF.

Esta cuestión ha sido resuelta por sendas sentencias del TSJ del País Vasco de 15 de diciembre de 2020 (núms. rec. 139 y 1466/2020), que han venido a establecer que la garantía del salario mínimo profesional prevista por el art. 7.2 EPIPF para los investigadores en formación debe extenderse a todos los contratos predoctorales vigentes en el momento de la entrada en vigor de dicha norma, abogándose, por tanto, por la eficacia inmediata de la citada mejora retributiva. Esta opción posibilita que los investigadores predoctorales en formación afectados puedan reclamar las diferencias salariales existentes entre el salario efectivamente percibido y el que a partir del 16 de marzo de 2019 les hubiera correspondido percibir en aplicación del art. 7.2 EPIPF.

La segunda cuestión litigiosa que ha tenido que ser abordada por los tribunales ha sido la de determinar la retribución que corresponde percibir a los investigadores predoctorales en formación durante las diferentes anualidades del contrato, no en vano, tras fijarse en los apartados 1 y 2 del art. 7 EPIPF el módulo de cálculo de la retribución correspondiente a los investigadores vinculados mediante un contrato predoctoral, la versión definitiva de dicha norma introdujo en el último momento un tercer apartado en su art. 7, según el cual, “la aplicación de la cantidad anual resultante se podrá también computar al periodo total del contrato predoctoral de cuatro años”. Con esta previsión se pretendía que no fuera estrictamente necesario que se cumplieran los porcentajes para el cálculo del salario en cada año de contratación previstos por la Ley de la Ciencia, siempre que los mismos se cumplieran en el cómputo global de la contratación de los cuatro años.

Pues bien, nuevamente los tribunales, en este caso, de la jurisdicción contencioso-administrativa, se han visto en la necesidad de enmendar este nuevo entuerto provocado por el EPIPF. A tal efecto, la STS (Sala de lo contencioso-administrativo) de 3 de junio de 2020 (núm. rec. 183/2019) concluye que “la regulación impugnada modifica sustancialmente los porcentajes de salario fijados en la Ley de la Ciencia que da cobertura al EPIPF”, lo cual comporta que el art. 7.3 de dicha norma “incurra en el “ultra vires” denunciado, lo que contraría el principio de jerarquía normativa, art. 9.3 CE”. En consecuencia, fijados por ley los porcentajes aplicables en cada anualidad para el cálculo de la retribución de los investigadores predoctorales, en ningún caso por vía reglamentaria podían alterarse dichos porcentajes. Nuevamente, esta opción posibilita que los investigadores predoctorales en formación puedan reclamar las diferencias salariales existentes entre el salario efectivamente percibido en cada anualidad y el que les hubiera correspondido de haberles aplicado los porcentajes previstos en la ley.

La tercera cuestión que se ha planteado respecto al régimen jurídico del personal investigador predoctoral contratado hace referencia al derecho de dichos investigadores a percibir el complemento de antigüedad previsto en los respectivos convenios colectivos de aplicación en igualdad de condiciones que el resto de trabajadores de las universidades y otros centros de investigación en los que se integran.

Pues bien, esta cuestión ha sido abordada por la STSJ de Aragón de 15 de febrero de 2021 (núm. rec. 25/20219), que aplicando al supuesto enjuiciado el art. 15.6 ET, en virtud del cual, "Los trabajadores con contratos temporales y de duración determinada tendrán los mismos derechos que los trabajadores con contratos de duración indefinida, sin perjuicio de las particularidades específicas de cada una de las modalidades contractuales en materia de extinción del contrato y de aquellas expresamente previstas en la ley en relación con los contratos formativos", concluye que los investigadores predoctorales en formación tienen derecho a percibir los correspondientes trienios por antigüedad, con independencia de lo que se establezca al respecto en el convenio colectivo.

La cuarta cuestión controvertida suscitada al hilo de la entrada en vigor del EPIPF consiste en la admisibilidad de prórrogas tácitas del contrato incorporada ahora de forma expresa por el art. 6 de dicha norma, al preverse que “cuando el contrato resulte prorrogable, y el trabajador continúe desarrollando las actividades objeto del mismo, se entenderá prorrogado automáticamente, salvo informe desfavorable de evaluación motivado emitido por la comisión académica del programa de doctorado, o en su caso de la escuela de doctorado, hasta completar su duración máxima”.

Esta previsión ha provocado una importante conflictividad laboral, puesto que muchos investigadores predoctorales en formación que, previa denuncia por parte de la Universidad, han visto extinguidos sus contratos, consideran que los mismos deberían haberse prorrogado automáticamente hasta completar la duración máxima de cuatro años del contrato predoctoral, puesto que al no haber concluido todavía la tesis doctoral, han continuado realizando las actividades objeto del contrato predoctoral.

Dichas pretensiones no han encontrado acogida, sin embargo, en los tribunales laborales, si bien, hasta el momento únicamente han sido resueltas en instancia –sentencias del Juzgado de lo Social núm. 8 de Barcelona de 17 de febrero de 2021; del Juzgado de lo Social núm. 2 de Tarragona de 12 de marzo de 2021; del Juzgado de lo Social núm. 2 de Lleida de 16 de marzo de 2021 y del Juzgado de lo Social núm. 3 de Barcelona de 22 de marzo de 2021-. En estas resoluciones se aboga por considerar que la duración del contrato predoctoral puede oscilar entre uno y cuatro años y, si es inferior a dicha duración máxima, se puede ir prorrogando por periodos de un año, pero sin que se pueda establecer una relación directa entre la duración del contrato y la conclusión de la tesis doctoral y, por tanto, sin que exista ninguna obligación de prorrogar el contrato hasta sus cuatro años de duración máxima.

Finalmente, no cabe duda que el tema estrella que hasta el momento ha planteado el contrato predoctoral ha sido el de determinar si a la finalización del mismo los investigadores tienen o no derecho a percibir indemnización alguna. A tal efecto, se ha planteado la posibilidad de reclamar una indemnización en base a lo dispuesto en el art. 49.1.c) ET. Pues bien, esta opción ha sido desactivada definitivamente por la STS de 13 de octubre de 2020 (núm. rec. 119/2019) que concluye al respecto que el legislador ha diseñado una modalidad contractual, de carácter formativo, a la que no ha atribuido indemnización en el momento de su finalización.

Pese a ello, cabe recordar que la percepción de una indemnización a la finalización del contrato predoctoral, además de poder venir impuesta por la ley también puede derivar del propio clausurado de los contratos suscritos si los mismos contemplan de forma expresa esta posibilidad. En estos casos, nos encontraríamos ante una especie de condición más beneficiosa, cuyo cumplimiento estaría protegido de forma efectiva por el principio jurídico de confianza legítima, así como el de buena fe. Esta posibilidad ha sido admitida de forma expresa por las SSTSJ de Asturias de 23 y 30 de junio de 2020 (núm. rec. 129/2020 y 48/2020, respectivamente), analizadas en un reciente artículo publicado en Labos.

Como se ha ido exponiendo a lo largo de esta entrada, los tribunales están teniendo que asumir la ardua tarea de fijar innumerables aspectos del régimen jurídico del colectivo de investigadores predoctorales en formación. Ello es así porque, de un modo sorprendente, el EPIPF no ha abordado numerosas cuestiones litigiosas ya preexistentes a su entrada en vigor y que, por lo tanto, deberían haber sido resueltas por esta norma, y porque, lo que todavía es más sorprendente, la entrada en vigor de dicha norma ha provocado nuevas cuestiones litigiosas inexistentes antes de su entrada en vigor. No cabe duda que en los próximos tiempos deberemos seguir observando a los tribunales para ver cómo se acaban de resolver estas y otras cuestiones litigiosas que suscita el régimen jurídico del personal investigador predoctoral en formación

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