Salario Mínimo Interprofesional y colectivos vulnerables

 Esta entrada ha sido elaborada por Susana Rodríguez Escanciano, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de León.

En ella se reproducen las principales ideas expuestas por la autora en el seminario "El impacto del Salario Mínimo: Una visión comparada y nacional" . Su intervención completa puede verse en  el video al final de esta entrada.




Sin ninguna duda, la remuneración es uno de los factores esenciales a tener en cuenta para valorar la calidad intrínseca del trabajo y, por tanto, del desarrollo vital, de manera que su envés, la escasez o nulidad en las percepciones conduce a pensar en trabajadores marginados, bien por ser parados, bien por encontrarse en el mercado sumergido, o bien por ser asalariados precarios (eventuales, a tiempo parcial, a la llamada o a la demanda). En todos estos casos, además, existe una clara dimensión de género debido a la posición más débil dentro del mercado de trabajo que tienen las mujeres, con fenómenos como la segregación ocupacional horizontal y vertical, la brecha salarial, la parcialidad, las dificultades en el acceso al empleo, la postergación para los ascensos, etc. El montante salarial es, por tanto, el observatorio privilegiado para apreciar la situación de vulnerabilidad o, dicho de otro modo, la punta del iceberg que permite vislumbrar un problema de más amplio calado: la exclusión social.

La constante y permanente necesidad empresarial de responder y adecuar su estructura a las fluctuaciones del mercado y de la demanda en el sustrato productivo actual, caracterizado por feroces exigencias de competitividad y rentabilidad empresarial, y el fuerte impacto de la robotización y de la digitalización, exigen y facilitan desarrollar la actividad productiva en cualquier momento y desde cualquier lugar con la consiguiente intensificación en la dedicación del trabajador a su actividad laboral, siempre con altas dosis de inseguridad en el quantum y en el quando. La disponibilidad de los trabajadores deviene constante no sólo en la nueva economía de plataformas sino en otros sectores más tradicionales, quedando resentidas las posibilidades de conciliación de la vida laboral y familiar, la salud de los asalariados y, cómo no, su capacidad adquisitiva ante la falta de retribución por todo el trabajo realmente realizado y la inherente infracotización. Lamentablemente, las horas de actividad se pagan peor o directamente no se remuneran bajo el amparo de una distribución irregular de la jornada o de la configuración espuria del concepto “tiempo de trabajo efectivo”. Tales coordenadas negativas se recrudecen en año 2020 que, inequívocamente, viene marcado por una aguda crisis de alcance mundial provocada por la pandemia de la Covid-19. Aunque todavía no sabemos con exactitud las consecuencias, duración y alcance de estas, más allá del impacto sobre los sistemas sociosanitarios y sobre ciertos sectores abocados al cierre, la presente recesión va a conllevar cuantiosas pérdidas de empleos y un severo empobrecimiento en las condiciones de trabajo.

Bajo tales premisas, procede valorar la conveniencia de aumentar el parámetro del salario mínimo interprofesional con el fin de alcanzar en un breve plazo de tiempo el 60 por 100 de la media de los salarios en nuestro país como medida idónea para la reducción de la pobreza y de la inequidad, tal y como recomienda la Carta Social Europea del Consejo de Europa, actuando al tiempo como garantía del derecho constitucional a una remuneración suficiente que reseña el art. 35 de nuestra Carta Magna. En una primera aproximación, la respuesta a este interrogante no puede ser sino positiva, no en vano el salario mínimo actúa como suelo irreductible y como tractor de los salarios convencionales, generando un aumento en las cotizaciones sociales. Cada subida del salario mínimo genera la correspondiente presión al alza, más o menos directa, más o menos inmediata, sobre la totalidad de los niveles salariales y, a la larga, sobre el montante de las retas de trabajo (y de las rentas que, teniendo otro origen, conectan de alguna forma con el trabajo). El crecimiento del salario mínimo es, pues, el detonante de la evolución salarial del país.

No obstante, la presente coyuntura adversa y la gran incertidumbre que nos rodea sobre la evolución del virus y sus continuos retrobes o, más preocupante aún, sus posibles mutaciones, aconseja actuar con prudencia en el corto plazo al objeto de atender las dificultades por las que están atravesando muchas empresas de reducidas dimensiones, mayoritarias en nuestro país, que ven seriamente amenazada su supervivencia con consecuencias terribles sobre el desempleo. Esta perspectiva cortoplacista no debe ensombrecer una indudable proyección futura de mejora. Llegar a esta conclusión exige realizar una reflexión más detenida sobre las aristas que bordean al salario mínimo interprofesional como institución jurídica.

Cierto es que por debajo de la cuantía del salario mínimo, fijada anualmente por el Gobierno, previa consulta preceptiva pero no vinculante a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, no se puede pactar la contraprestación de servicios por cuenta ajena, condicionando y limitando al alza las posibilidades de actuación del convenio colectivo, del contrato de trabajo y del poder de determinación empresarial. No menos verdad resulta que el salario mínimo conlleva una garantía de ingresos para quienes viven del trabajo asalariado sin disfrutar del manto protector de un convenio colectivo como sucede con los empleados (mejor, empleadas) de hogar. Tampoco cabe olvidar que protege en los supuestos de descuelgue de condiciones o de modificaciones sustanciales, donde, si concurren determinadas circunstancias (causas económicas, técnicas, organizativas y de producción), y observando los trámites procedimentales pertinentes, se permite que el sistema de retribución y la cuantía salarial pactados en convenio (art. 82 ET) o en contrato (art. 41 ET) puedan sufrir oscilaciones a la baja. Asimismo, actúa como salvaguarda, en proporción al tiempo efectivamente trabajado, para los trabajadores reclutados bajo el contrato de formación y aprendizaje [art. 11.2 g) y h) ET]. En fin, ha servido igualmente para fijar el nivel de renta personal o familiar que condiciona el acceso a prestaciones y subsidios o para la determinación cuantitativa de ciertas prestaciones, de manera que su incremento provoca efectos beneficiosos para colectivos en situación de necesidad en un doble sentido: una mayor cantidad de personas pueden ser beneficiarias y la cuantía a percibir será superior.

Ahora bien, estas bondades sufren estrepitosas quiebras en algunos supuestos, entre los que cabe mencionar algunos fundamentales:

En primer lugar, hay determinadas actividades donde los salarios convencionales son tan bajos que prácticamente se reducen al mínimo, tal y como sucede, en el sector cuidados, principalmente en lo que afecta a la ayuda a domicilio, donde el fuerte minifundismo empresarial origina una gran división y fragmentación de los trabajadores, lo que explica una escasa presencia sindical y una insignificante posibilidad de presión, incapaz de dar solución al problema de la dispersión geográfica de la prestación laboral que obliga a realizar desplazamientos entre servicios realizados consecutivamente en diversos hogares.

En segundo término, la aplicación del principio de proporcionalidad conlleva una retribución ínfima en los trabajos a tiempo parcial marginales, mejorada con enormes dosis de inseguridad a través de la realización de horas complementarias. Sabido es que la posibilidad de ejecutar este tipo de horas puede provocar que un contratado bajo la modalidad aquí mencionada pueda llegar a tener una jornada prácticamente igual que la de un trabajador con jornada completa sin concreción ex ante, no en vano las horas complementarias se retribuirán como las ordinarias sin penalización adicional y solo cuando se hayan prestado efectivamente los servicios requeridos, computando únicamente en estos casos a efectos de base de cotización a la Seguridad Social y períodos de carencia, sin que el mero hecho de estipular un pacto de esta naturaleza o de aceptar llevarlas a cabo provoque el nacimiento de algún derecho. En definitiva, el trabajador, partiendo de un suelo retributivo muy bajo, solo cobrará más si es efectivamente convocado por la empresa.

En tercer lugar, el salario mínimo se aplica en los estrictos términos de la relación laboral, esto es, su manto protector alcanza al trabajador dependiente y por cuenta ajena, dejando fuera a trabajadores que se pueden considerar erróneamente (o, mejor, fraudulentamente) en la frontera. En las nuevas circunstancias socioeconómicas, caracterizadas tanto por un trabajo on demand como vía app, prestar servicios por cuenta propia supone, en muchos casos, integrar las filas de los nuevos “working poors”, no sólo por las propias características de la actividad desarrollada, donde priman las reglas de una débil autonomía de la voluntad en un proceso altamente fragmentado, sino por el fácil recurso como autónomo no siempre ortodoxo, con escasa fuerza reivindicatoria, fundamentalmente ante la inexistencia de una negociación colectiva capaz de amparar su situación en un contexto productivo descentralizado asociado a la innovación tecnológica, donde el ahorro de costes se convierte en exponente fundamental.

En cuarto término, algunas empresas demandan también trabajadores jóvenes altamente cualificados, siendo reclutados, de manera paradójica, a través de becas, esto es, mediante herramientas extralaborales, muy devaluadas en cuanto a derechos económicos se refiere, quedando débilmente equiparados a trabajadores en cuanto a la Seguridad Social se refiere, si bien desamparados frente al desempleo.

En fin –por no seguir dando cuenta de un listado que devendría interminable--, son frecuentes supuestos patológicos de descentralización productiva, que discurren paralelos a la creación de entramados satélite, bien especializados en determinado tipo de actividades o bien, lo que todavía es más preocupante desde el punto de vista de los implicados, en consorcios de empresas que abarcan un sinfín de sectores dispares. Dichas entidades multiservicios desempeñan una función cercana a la intermediación, o a la cesión ilegal, de modo que los denominados trabajadores “subcedidos” quedan fuera de las previsiones convencionales sectoriales, sin que tampoco les sea aplicable las cláusulas del convenio de aplicación a la entidad principal.

Tales botones de muestra vienen a indicar la importancia de combinar el salario mínimo interprofesional con otras dos variables: el IPREM y el nuevo ingreso mínimo vital. La primera, fijada anualmente en la Ley de Presupuestos, se convierte en indicador o referencia del nivel de renta que sirve para determinar el montante de determinadas prestaciones o para acceder a determinadas beneficios o servicios públicos, de manera que su aumento, de forma muy clara, directa y palpable, va a provocar un doble efecto: el incremento cuantitativo de determinados auxilios y la subida del umbral de entrada a ciertos servicios y ayudas sociales con el consiguiente crecimiento del círculo de potenciales beneficiarios.

La segunda, introducida en nuestro ordenamiento a través del Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de mayo, se erige como una renta básica en todo el territorio, garantizando un mínimo imprescindible para asegurar unas condiciones de dignidad existencial para todos los ciudadanos. Una de sus principales virtualidades radica en que no desincentiva la búsqueda y acceso al empleo ni la obtención de ingresos, de suerte que no fomenta el trabajo en la economía informal, no en vano su objetivo no es sólo garantizar una ayuda económica sino la inserción sociolaboral de las personas adjudicatarias.

En suma, estos tres parámetros (salario mínimo interprofesional, IPREM e ingreso mínimo vital) constituyen los pilares fundamentales de una política pública estratégica tendente a la disminución de las altas dosis de pobreza y exclusión social existentes en nuestro país. En este marco, como ha señalado la OIT, el diálogo social debe adquirir, sin duda, un papel protagonista, pues puede ser utilizado como instrumento para promover el buen gobierno y para fomentar no solo la cooperación entre los interlocutores sociales, sino también mejorar el rendimiento económico. Crear un entorno cohesionado donde los agentes sociales pueden cumplir y trabajar para lograr objetivos mutuamente deseables de trabajo decente y crecimiento coadyuvando a los poderes públicos a la hora de tomar decisiones, debe convertirse en la piedra angular principalmente en momentos de gran adversidad.


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