Derechos colectivos de los trabajadores a distancia: ¿Pueden enviarme información sindical? ¿Puedo negarme? ¿Cómo y dónde voto?


El pasado miércoles, la profesora Aragón planteaba en este mismo Foro las negativas consecuencias, especialmente fiscales y sobre la base de cotización, del silencio del RD Ley 28/2020 en relación a los medios que ha de poner a disposición la empresa para los trabajadores que presten su servicio a distancia. Pues bien, esta entrada prosigue el análisis de esta norma “de urgencia” y se centra en su artículo 19. Como no podía ser de otro modo, señala el mencionado precepto que “las personas trabajadoras a distancia tendrán derecho a ejercitar sus derechos de naturaleza colectiva con el mismo contenido y alcance que el resto de las personas trabajadoras del centro al que están adscritas”. La exigencia de adscripción a un determinado centro de trabajo, y no a otro,  puede tener relevancia a los efectos de la superación de los umbrales requeridos para la elección de órganos electivos y, por ello, consideramos plausible que esta adscripción forme parte del contenido mínimo del acuerdo que tendrán que suscribir quienes prestan servicio a distancia.
 
De cara al ejercicio de la acción sindical, el art. 19.2 RD Ley 28/2020 crea un deber prestacional al señalar que será la empresa la que “deberá suministrar a la representación legal de las personas trabajadoras los elementos precisos para el desarrollo de su actividad representativa, entre ellos, el acceso a las comunicaciones y direcciones electrónicas de uso en la empresa y la implantación del tablón virtual, cuando sea compatible con la forma de prestación del trabajo a distancia” y, en todo caso, “deberá asegurarse que no existen obstáculos para la comunicación entre las personas trabajadoras a distancia y sus representantes legales, así como con el resto de personas trabajadoras”. Aunque el Acuerdo Marco sobre Teletrabajo, suscrito el 16 de julio de 2002, ya señalaba que el “empresario deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la trasmisión de información a los trabajadores a distancia por parte de sus representantes”, en España, hasta la aprobación del RD Ley 28/2020, y atendiendo a la doctrina contenida en la STC 281/2005, tenía que ser la negociación colectiva la que pautase los términos de uso de estos medios informáticos, disciplinando, entre otros, los siguientes aspectos: volumen de correo electrónico admitido (número, tamaño, formato), la posibilidad o no de contar con un espacio en la intranet de la empresa, la titularidad del derecho (secciones sindicales, representantes unitarios, ambos), y, ante el silencio de la negociación colectiva, se había admitido este uso siempre que se cumpliera el triple condicionante señalado por el TC.
 
La situación ha cambiado, y ahora las representaciones legales existentes, es decir, tanto unitarias como sindicales -recuérdese que la STC 281/2005 enjuició la actuación de una sección sindical de una conocida entidad bancaria-, podrán demandar a la empresa la creación de un sistema electrónico de comunicación que garantice el ejercicio de la acción representativa de forma bidireccional, es decir, que los representantes tengan acceso a este espacio pero, al tiempo, que garantice a los trabajadores a distancia tengan acceso a la información que sus representantes legales quieren remitir. 

Especial interés plantea el suministro de las direcciones de correo electrónico de los trabajadores a distancia por parte de la empresa para que la representación legal pueda enviar esta información, habida cuenta que ya se ha planteado ante la AEPD si el trabajador puede negarse a recibir esta información. Para responder a esta cuestión, conviene recordar que una dirección de correo electrónico es un dato personal, pero como su conocimiento se ha considerado esencial para el ejercicio del derecho fundamental de libertad sindical se ha admitido la cesión  sin la aquiescencia de sus titulares. Sentado lo anterior, la AEPD ha establecido que si “existen procedimientos automatizados que pueden permitir la satisfacción del derecho a la libertad sindical sin necesidad de realizar una cesión y, por tanto minimizando los riesgos y las obligaciones de cumplimiento normativo para el empresario y el sindicato” (v. gr. utilización de listas de distribución) habrá que potenciar estos mecanismos. Y, en todo caso, el sindicato está obligado a cumplir con las previsiones de la legislación de protección de datos, debiendo satisfacer el derecho de oposición de los trabajadores, circunscribir su utilización a la finalidad para la cual los precitados datos se obtuvieron así como “reconocer el derecho de los trabajadores a mostrar su oposición a la recepción de mensajes con contenido sindical y, consiguiente, la obligación de los sindicatos de cesar en el tratamiento de los datos de los solicitantes”. La única excepción a esta regla general se ha establecido durante el período electoral pues, en este tiempo, debe prevalecer el derecho a la actividad sindical, consagrado en el art. 2.1 LOLS, sobre el derecho fundamental a la protección de datos lo que implica que, durante este proceso, los trabajadores no podrán oponerse al tratamiento de sus datos personales, siempre que el uso que realice el sindicato sea adecuado para los fines del propio proceso electoral. 
 
Finalmente, señala el art. 19.3 RD Ley 28/2020 que deberá garantizarse que las personas trabajadoras a distancia pueden participar de manera efectiva en las actividades organizadas o convocadas por su representación legal o por el resto de las personas trabajadoras en defensa de sus intereses laborales, en particular, su participación efectiva presencial para el ejercicio del derecho a voto en las elecciones a representantes legales. Conviene recordar que la sentencia del Juzgado de lo Social de Madrid de fecha de 21 de septiembre de 2015, validó un sistema de elección telemática en el proceso electoral al entender que la ley no prevé ni prohíbe este sistema de votación; razón que justifico su admisibilidad, siempre que se cumplieran con las condiciones de voto libre, secreto y personal. El RD Ley 28/2020 no ha avanzado en esta dirección, sino que exige la presencialidad del trabajador a distancia el día que se produzca la elección. 

Termino ya. Es evidente la relevancia de la negociación colectiva en la perfilación del modelo de representación colectiva para los trabajadores a distancia si bien el tratamiento realizado hasta la fecha (Nieto Rojas, 2015: 324-326) no nos permite ser demasiado optimistas.

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