¿Tienen derecho de resistencia los trabajadores que continúan en sus puestos ante la epidemia de coronavirus?

Entrada elaborada por Ana Isabel García Salas


El estado de alarma decretado por el Gobierno de España ha obligado a muchas empresas y trabajadores a cesar en su actividad, por una u otra causa. Pero también es cierto que otros muchos continúan con su prestación laboral o profesional y se enfrentan a los riesgos que la epidemia de coronavirus ocasiona para la salud. 

Ciertamente no se trata de un riesgo laboral propio de actividades o puestos de trabajo en periodos de normalidad, pero al tratarse de un virus enormemente contagioso, sin tratamiento ni vacuna, el trabajo presencial al que se ven abocados muchos trabajadores les expone a un riesgo específico que aquellos que han debido cesar en su trabajo o teletrabajan no sufren. Y qué decir de aquellos trabajadores que deben tener contacto directo necesariamente con otras personas posiblemente infectadas: trabajadores de supermercados, farmacias, etc., por no hablar del personal sanitario. Esta es una eventualidad que naturalmente debe tenerse en cuenta en cualquier evaluación de riesgos, que es una obligación dinámica. 

Los empleadores deben tomar todas las medidas de prevención de riesgos laborales que sean necesarias para proteger la salud de sus trabajadores (art. 14 y siguientes de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales). Particularmente, el art. 17.2 LPRL marca la obligación del empresario de proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual (EPIs) adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. La falta de acceso a EPIs, como mascarillas, guantes, geles desinfectantes, etc., por desabastecimiento o confiscación estatal, es desde luego constitutivo de fuerza mayor para la empresa, pero no enerva el derecho de los trabajadores a que se les proporcione

Por tanto, si la Administración o el empresario no toman las medidas adecuadas de protección de los trabajadores, con independencia del incumplimiento en el que incurra el empleador, el trabajador puede exigirlas y rechazar aquellos medios de trabajo o de protección que considere inadecuados (con base en el art.29.2.1 y 2 LPRL, que exige a los trabajadores un uso adecuado y correcto de los mismos). Pero hay determinados riesgos que, por su naturaleza, pueden requerir actuaciones más contundentes por parte de los trabajadores, como paralizar la actividad de forma colectiva o el abandono individual del puesto de trabajo (el llamado derecho de resistencia). Son los casos de riesgo grave e inminente. El art.21 LPRL, como recordaba hace unas semanas la Guía del Ministerio de Trabajo y Economía Social, establece una previsión especial para los casos de riesgo grave e inminente. En estos casos, es el empresario el principal obligado a adoptar una serie de medidas especiales (en el sentido de más enérgicas); y que vienen recogidas en el art.21.1 LPRL, incluida la interrupción de la actividad. 

Ahora bien, no todas las situaciones de riesgo coinciden con la definición de riesgo grave inminente, que aparece en el art.4.4 LPRL como "aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato, y pueda suponer daño grave para la salud de los trabajadores". Debemos preguntarnos, entonces, si ello se ajusta a la situación actual descrita en todos los casos, porque, en mi opinión, esta es la clave aquí. 

Los Coronaviridae se mencionan en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, con una clasificación (grupo 2). Pero este nivel (con un nivel máximo en el grupo 4) no se ajusta a la peligrosidad real del coronavirus al que nos enfrentamos, que sí es probable que se propague a la colectividad, y no existe profilaxis o tratamiento eficaz. 

En este contexto, el riesgo grave e inminente para determinados colectivos es claro: los trabajadores mayores y especialmente vulnerables (con patologías previas) expuestos al virus sí están en peligro grave, dado el pronóstico de esta enfermedad para ellos, y la inminencia puede deducirse de lo extremadamente contagioso que es este virus. Pero para el resto de la población trabajadora, el tema es considerablemente complejo. Dependerá seguramente, en primer lugar, de si ha habido algún caso diagnosticado en su entorno laboral o haya exposición a un público, lo que aumenta el riesgo de contagio y de carga viral; y, en segundo lugar, que pueda calificarse de riesgo grave e inminente también dependerá del desarrollo de la situación epidemiológica y de las evidencias médicas, según las cuales, aunque su evolución es vertiginosa, la mayoría lo va a cursar como una gripe o de manera asintomática. 

Lo más importante en este tema será, por tanto, la calificación técnica de riesgo grave e inminente para la enfermedad ocasionada por el Covid-19, pues nuestra legislación establece que solo en los casos en que pueda apreciarse el riesgo grave e inminente, el trabajador estará en disposición de ejercer su derecho de resistencia, mediando aviso a la empresa, sin sufrir perjuicio laboral alguno. El trabajador deberá, pues, ponderar con rigor su decisión (en la medida de sus posibilidades, formación e instrucciones, según dispone el art.29.1 LPRL in fine, para medir la gravedad de los incumplimientos laborales), buscando asesoramiento si es necesario, en las autoridades, el servicio de prevención o sus representantes en la empresa, y debe recordarse que el abandono del puesto debe ser proporcional y necesario al riesgo al que el trabajador se expone, no siendo legítimo si se pueden adoptar medidas eficaces menos perjudiciales para la empresa y usuarios. 

También es incuestionable que estamos ante una emergencia sanitaria, en la que muchos derechos fundamentales se han visto afectados, como la libertad de circulación de las personas, y ello podría afectar también al trabajo voluntario (pues está prevista la posibilidad de exigir prestaciones personales durante el estado de alarma). Aún en ese caso, la teoría de los derechos fundamentales establece la observancia del principio de proporcionalidad y la ponderación de los intereses contrapuestos para determinar los sacrificios que puede sufrir un derecho fundamental cuando colisiona con otros derechos y libertades. Esa proporcionalidad requiere que haya una justificación suficiente y necesaria para limitar, en la medida en que se haga, el derecho fundamental, no existiendo medios menos invasivos o más inocuos para conseguir el logro del legítimo interés que entra en conflicto. En la situación crítica en la que nos encontramos, es muy posible que haya situaciones o momentos en los que no existan esas alternativas menos peligrosas. Cuando se trata de servicios esenciales, la vida y salud de todos los trabajadores puede ceder terreno frente a prestaciones de primera necesidad para la población (alimentación, energía, sanidad, etc.). En esos casos, lo proporcional es tomar todas las medidas de protección posibles en relación con los trabajadores afectados, garantizando a su vez unos servicios mínimos o suficientes para la ciudadanía (lo que podría estar en consonancia con el espíritu del art.3.2 LPRL, según el cual la Ley de Prevención no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas).

Comentarios

  1. Buenos días. Soy Funcionaria interina contrato 6 meses y finaliza el día 7 Abril, en estado alarma.
    Actualmente, estoy iyendo día si, día no, realizando mantenimiento en un cole.
    Cuando llegue el día 8 Abril, yo abre terminado mi relación laboral? Aun estando en estado alarma?

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    1. Muchas gracias por seguir nuestro blog. Se trata de un tema no relacionado con esta entrada, pero en El Foro de Labos no descartamos tratar el problema que describe, así como todas las cuestiones laborales que están surgiendo a propósito de la situación tan excepcional que vivimos.

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  2. Buenas tardes. Gracias por su comentario. Sin perjuicio de lo que se pueda decir con más detalle en esa entrada específica en el Foro de Labos, ni el Real Decreto 463/2020, ni el RDL 8/2020 han establecido ninguna regla a este respecto, por lo que tendrá que dejar de prestar servicios tan pronto como la causa de la interinidad finalice (art. 10.3 EBEP), aún cuando el estado de alarma siga en vigor.

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