Despido de una administrativa cuyo trabajo ha sido sustituido por un Robot: ¿es posible poner Puertas al Campo?

Desde hace tiempo me viene preocupando el efecto que la robótica está llamada a tener en nuestros ya bastante debilitados mercados de trabajo [El futuro del trabajo en la era de la digitalización y la robótica, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017]. Es un hecho que la tecnología está cambiando de manera radical el ecosistema empresarial y que los robots, en sus más diversas y plurales formas, están contribuyendo de manera decisiva a ese resultado.
El debate sobre el empleo está presente. Seamos tecnopesimistas (como parece apuntar la sentencia a la que seguidamente me referiré) o tecnooptimistas, lo cierto y verdad es que existe un consenso casi unánime en admitir que nos encontramos en un escenario de cambio de tal magnitud y alcance que nuestra forma de entender y comprender el trabajo está llamado a cambiar radicalmente en los próximos tiempos. Un cambio que, necesariamente, obliga a repensar de manera intensa y profunda el marco jurídico vigente. Por eso siempre he tenido duda de si cuando hablamos del “Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI” somos realmente conscientes de la magnitud del empeño al que nos enfrentamos.



Pero mientras describimos la realidad ésta se transforma. Día a día, de manera lenta y suave (casi sin hacer ruido) el sistema productivo sigue mutando. Los medios de comunicación de forma masiva han dado cuenta de la reciente Sentencia del Juzgado de lo Social número 10 de Las Palmas de Gran Canaria de 23 de septiembre de 2019, que ha declarado improcedente la rescisión de contrato de una trabajadora de una multinacional turística que fue despedida por causas objetivas, tras 13 años trabajando como administrativa, para ser suplida por un programa informático o “robot de software” (“bot” en el argot) que realiza las operaciones que antes desarrollaba la referida trabajadora. Se trata de un pronunciamiento importante y de una magnífica sentencia. Bien argumentada, sólidamente construida y que, a mi juicio, viene a poner sobre la mesa del debate práctico una gran cuestión: cómo afrontar desde el Derecho del Trabajo esta realidad.

Entre los muchos méritos de la sentencia está el de hacer balance de la situación sobre la que se proyecta el caso. Para ello el magistrado parte de varias premisas incontestables. La primera, la automatización de tareas hasta ahora desarrolladas por humanos no puede considerarse algo singular, cuando todos los estudios apuntan a que “la automatización de procesos como la operada en el caso presente implicará una destrucción de empleos de al menos el 35% de la población activa” en el futuro próximo. La sentencia subraya también el carácter disruptivo de estas transformaciones: “la automatización implica la irrupción de algo nuevo, y no el cambio de algo pasado”. A lo que añade el inevitable efecto del “poder de la máquina sobre el hombre” y que se ha materializado, entre otros muchos ejemplos, en la sustitución de las cámaras fotográficas analógicas por las cámaras fotográficas digitales con su efecto reflejo en el empleo.

¿Pero, realmente, la sustitución de un empleo por una nueva innovación técnica es algo tan nuevo?  La introducción de las nuevas tecnologías y la extinción del contrato por causas objetivas cuentan con un larguísimo repertorio de casos en los que los Tribunales se han enfrentado a la incorporación de nueva maquinaria o nuevos sistemas informáticos que han venido haciendo prescindibles una larga serie de innovaciones tecnológicas y que nuestros Tribunales han considerado perfectamente razonables. Tómense a título de puro ejemplo las STSJ Cataluña 4 de junio de 2002 (Rº 493/2002) o la STSJ Comunidad Valenciana de 29 de mayo de 2003 (Rº 55/2003).

¿Por qué esto es distinto? Dice la sentencia que analizamos que “se pasa de que los trabajadores hagan uso de un instrumento de producción para el desempeño de su trabajo, a que el instrumento de producción haga ese trabajo por sí. Aquí no se produce un cambio en el medio o instrumento de producción, lo que se produce es la sustitución de un trabajador por un instrumento. Lo contrario sería tanto como considerar al trabajador un instrumento y la aparición de un robot o bot un cambio en ese instrumento”. La preocupación está en el futuro: “la introducción de bots en el entorno laboral implica la multiplicación de la productividad, en tanto en cuanto uno solo de estos bots pueden hacer el trabajo de más de un trabajador, y con ello aumentar la competitividad sobre la base de reducir costes”.

Sin embargo, sigue, “esos costes que se reducen, se circunscriben en prescindir totalmente de los trabajadores. Esto es, se erige la mejora de la competitividad como elemento único que justifique el despido, mediante la introducción de bots que automaticen el trabajo, desplazando a la masa laboral humana. Definitivamente, esto no puede ser tenido como una causa justa para un despido objetivo procedente, por cuanto lo contrario implicaría favorecer, so pretexto de la competitividad, la subestimación y minimización del Derecho al Trabajo”.

La sentencia termina señalando que: “En definitiva, la automatización -como causa técnica del despido objetivo- implica una oposición entre los Derechos Sociales alcanzados por los trabajadores que se vislumbran como obstáculo u óbice para alcanzar un rendimiento empresarial más óptimo [sic], frente a la posibilidad de que un instrumento de producción pueda efectuar ese mismo trabajo sin límite de horas, sin salario ni cotizaciones sociales. La automatización mediante bots o robots, con la única excusa de reducir costes para aumentar la competitividad, viene a significar lo mismo que reducir el Derecho al Trabajo para aumentar la Libertad de Empresa. Siendo así por tanto que no puede tenerse por procedente un despido en estos términos, en atención a la interpretación que ha de darse del despido objetivo por causas técnicas”. En suma, “no es dable” a juicio del Magistrado que, en casos como el presente, en el que la automatización viene a sustituir a los trabajadores en sus tareas “hasta desplazar a la masa laboral del mercado, por la mera competitividad de la empresa, pueda esta acogerse a una forma privilegiada de despido en la que se abona al trabajador una indemnización inferior a la ordinaria”.

Justo y preciso es el balance de situación y adecuada la respuesta jurídica. Pero la gran pregunta que nos podemos hacer es si esta respuesta ayuda a resolver los problemas de fondo a los que nos enfrentamos. La duda es si en un escenario de tan irrefrenables cambios en los que productividad y eficiencia empresarial crecen exponencialmente, el freno económico a estas extinciones es suficiente. ¿Es realmente un desincentivo a la incorporación de robots una indemnización por despido improcedente (28.305 euros, en el caso) para una empresa multinacional que incorpora una máquina, que como señala el fallo, “realiza tareas desde las 17.15 hasta las 6.00” en los días laborales, y “en los festivos trabaja 24 horas”?

¿Podemos ponerle puertas al campo? Desde hace tiempo en numerosos trabajos vengo hablando de una idea que me parece importante: la empresa tecnológicamente responsable [entre otros, “Riesgos laborales y transformación digital: hacia una empresa tecnológicamente responsable”, Teoría & Derecho, 2018, nº 23, pp. 93 a 107]. Creo que el gran objetivo de poner diques de contención al irrefrenable cambio tecnológico pasa por la plena concienciación de todos los agentes sociales, económicos y políticos sobre los devastadores efectos del “tsunami tecnológico” que se atisba en el horizonte. Esta sentencia, desde luego, nos pone en la senda de este trascendental debate.

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