Acerca del (no) mantenimiento de los beneficios sociales de los “pasivos” con ocasión de la pérdida de vigencia del Convenio Colectivo que los reconocía (tras el periodo legal de últra-actividad).


Por Ricardo Morón Prieto

1. El caso.  Este verano, los denominados “pasivos” del Grupo Endesa han perdido los beneficios sociales reconocidos inveteradamente en la negociación colectiva del Grupo, como consecuencia de una decisión unilateral de la empresa cuya legalidad ha sido sancionada por la Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 26 de marzo de 2019 (Rec. 32/2019), resolución que se encuentra en estos momentos pendiente de casación ante el Tribunal Supremo. La cuestión, desde el punto de vista cuantitativo, tiene una gran relevancia, pues la resolución adoptada además de afectar directamente en torno a veinte mil personas, antiguos empleados, jubilados/as o viudos/as o sus causahabientes y se refiere a importantes reducciones en el coste del suministro eléctrico y otras ayudas escolares), puede proyectarse su alcance sobre un número importante de empresas y colectivos. Pero también es relevante desde el punto de vista jurídico, al concitar un importante conjunto de cuestiones de interés, algunas actuales y otras no tanto: una tiene que ver con la naturaleza jurídica de las condiciones reconocidas en convenio colectivo a los trabajadores tras la finalización del contrato, o a sus causahabientes. Otra tiene que ver con la actual regulación de la ultra-actividad y de las condiciones de trabajo una vez finalizada su la vigencia del convenio colectivo, materia que resultando compleja de aplicar e interpretar por los tribunales respecto de los trabajadores activos, encuentra respecto de los denominados “pasivos” dificultades específicas.

2. Los hechos. Desde tiempos inmemoriales (en los hechos probados de la Sentencia se remontan al  1928) los empleados de estas empresas eléctricas gozaban de ciertas rebajas en los precios de la electricidad y el gas, derecho más tarde reconocido y ampliado al personal activo, al jubilado y a las viudas de estos por la Ordenanza de Trabajo de 1970 para las industrias de la Producción, Transformación, Transporte, Transmisión y Distribución de energía eléctrica y mantenido finalmente en todos los Convenios Marcos del Grupo empresa.

El último de los convenios colectivos vigentes en la empresa, (el IV Convenio Marco del Grupo Endesa), cuya vigencia se extendía hasta el 31 de diciembre de 2017, fue objeto de denuncia por parte de la empresa y, tras el correspondiente proceso de negociación (de 49 sesiones) que concluyo con la falta de desacuerdo y, en consecuencia, con la pérdida de vigencia definitiva del IV Convenio Colectivo del Grupo Endesa con efectos 31 de diciembre de 2018, de acuerdo con las previsiones del artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores. 

En su virtud, la empresa comunicó a los denominados “pasivos” la supresión de los beneficios sociales de los que venían disfrutando en la medida que el Convenio Colectivo que se los reconocía había perdido su vigencia; añadiendo que la inexistencia de un contrato de trabajo en vigor impide aplicar la doctrina de la contractualización establecida por el Tribunal Supremo, doctrina que, por el contrario, obliga a mantener dichos beneficios sociales a los trabajadores con contratos laborales vigentes con la empresa. Respecto del personal activo y los pasivos con acuerdo -extintivos o suspensivos- en vigor la empresa comunico la decisión de que, una vez causen baja en la empresa o accedan a la situación de jubilación, perderán igualmente cualquier derecho a tales beneficios.

Personas Mayores, Cuidado De Ancianos

3. Los argumentos de las partes.  Por un lado, las representaciones sindicales, en una verdadera actuación de “fuego graneado” utiliza una variedad de argumentos -no necesariamente coherentes ni compatibles entre ellos- para sostener la ilegalidad de la actuación empresarial: la existencia de una condición más beneficiosa, la existencia de contractualización, la existencia de cláusulas contractuales en favor de tercero ex art. 1257 del Código Civil, que justifican el mantenimiento de los derechos sociales reconocidos en convenio a los denominados “pasivos”.

Por el contrario, la tesis de la empresa se limita lisa y llanamente a hacer una aplicación mecánica de la regulación del art. 86.3 del Estatuto de los Trabajadores y de la doctrina del Tribunal Supremo sobre la solución normativa a los supuestos en los que finalizado el periodo de ultra-actividad y no existe convenio sectorial aplicable (tesis de la contractualización): finalizado el convenio que reconoce los derechos y no existiendo contrato laboral que permita la contractualización, tales  beneficios desaparecen.

4. Los argumentos de la Audiencia Nacional. Los argumentos que fundamentan el fallo desestimatorio de la demanda de las representaciones sindicales se limitan básicamente a la la contraposición a los argumentos de la parte actora: en primer lugar, para negar la existencia de condición más beneficiosa alguna, en la medida en que los beneficios sociales en cuestión derivan de lo establecido en el convenio colectivo, para lo cual se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo (STS 24-1-2018, rec. 72/2017) que reitera la idea de que “la condición más beneficiosa no puede surgir de una disposición convencional” ya que la esencia de tales condiciones es precisamente la existencia de “una voluntad empresarial de atribuir a los trabajadores una ventaja que supere las establecidas en las fuentes legales o convencionales”. En segundo lugar, para negar la existencia en favor de tercero, en la medida en que las personas denominadas “pasivas” están representadas adecuadamente para la representación u defensa de determinados intereses por las organizaciones sindicales. En último lugar, y por lo que se refiere al fondo de la cuestión, para reiterar, de modo lacónico, la argumentación empresarial: “Hemos de concluir que las disposiciones de un determinado convenio colectivo que establecen cualquier tipo de beneficio, o derecho en favor de personas que no son titulares contrato de travo en Vigo al que resultase de aplicación el Convenio expirado -como sucede en el caso de los denominados pasivos y viudas/os y huérfanos de activos y pasivos dejan de generar cualquier tipo de derecho o beneficio-una ver concluye la vigencia ultr- activa del mismo, sin que sean susceptibles de ser contractualizadas por no existe un contrato previo al que hayan dotado de contenido”.

5.- El voto particular. La Sentencia de la Audiencia Nacional objeto de este comentario cuenta con un voto particular discrepante que, dando una larga cambiada, considera que toda la construcción de argumentación de la resolución parte de una premisa errónea cual es la cesación de la aplicación de los derechos sociales a los pasivos como consecuencia de la pérdida de vigencia del Convenio Colectivo en que se reconocen tales beneficios. Y es que, sostiene el voto particular, “en la medida en que las personas que no son titulares de contratos de trabajo en vigor (los pasivos) y viudas/os y huérfanos de activos y pasivos, no se les aplica el Convenio colectivo porque no están incluidos dentro del ámbito de aplicación del mismo”, “ por lo que se trata de pasivos o familiares que generaron los derechos sociales en virtud de lo dispuesto en los diferentes convenios colectivos del Grupo Endesa y a los que en la fecha en la que el IV Convenio Colectivo Marco de Endesa perdió su vigencia ya eran beneficiarios de los beneficios sociales y por tanto, la finalización del mismo no debe tener consecuencias en los beneficios sociales de los pasivos porque no estaban incluidos en el ámbito de aplicación del convenio.

Dicha argumentación, por otro lado, se apoya en existencia -acreditada en los hechos probados, de un colectivo denominado “personal fuera de convenio” al que la empresa reconoce expresamente que en tanto que “personal excluido del ámbito de aplicación del Convenio Colectivo la finalización del mismo no tendrá consecuencias ni en tus condiciones de trabajo, ni en los beneficios sociales que actualmente te son de aplicación en base a los pactos que te unen con la empresa ...". Por lo que el voto particular concluye que el derecho reconocido en el Convenio para los trabajadores en activo, desaparece con la extinción de la relación laboral, y se les reconoce un beneficio social que no puede ser suprimido unilateralmente por la empresa, aunque sí puede ser objeto de compensación en la forma en que las partes implicadas acuerden mediante negociación. 

6.- Nota final.  La cuestión abordada en la sentencia de la Audiencia Nacional se ciñe en este caso a la decisión sobre el mantenimiento de los beneficios reconocidos a los pasivos cuando el Convenio que los reconoce pierde su vigencia y no existe otro de ámbito superior que sea de aplicación. Distinta habría sido la discusión si, existiendo convenio colectivo de ámbito superior, no reconociese tales derechos (en cuyo caso, según la Audiencia Nacional, no cabría ni siquiera la doctrina de la contractualización). Podría haber ocurrido, como recuerda la propia sentencia, que los beneficios sociales hubieran sido modificados o incluso suprimidos por la propia negociación colectiva, en virtud del principio de modernidad de los convenios colectivos. Pero, como indicaba, en este caso coincide la pérdida de vigencia de convenio que reconoce los beneficios sociales a los pasivos con la inexistencia de convenio de ámbito superior aplicable. Y en este terreno, la Audiencia Nacional, de las posibles -argumentadas- interpretaciones, ha asumido la “tesis rupturista” respecto de los derechos reconocidos en convenio a los denominados “pasivos” de la empresa. Una tesis que, respecto del personal laboral activo, supuso tal vértigo al Tribunal Supremo que hubo de responder con la discutible -discutida en el propio Tribunal- tesis de la contractualización de las condiciones laborales contenidas en el convenio extinto. Tiene el Tribunal Supremo oportunidad para analizar y fijar su doctrina sobre los nuevos elementos que está planteando la actual regulación de la ultra-actividad.

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