El final del verano y de sus huelgas llegó...

El verano tiene su propia idiosincrasia: la canción, las operaciones salidas y llegadas, desavenencias con las autoridades del Peñón (aunque este año, con el Brexit, parece que la cosa ha ido a menos, casi a nada, si no hubiera sido por el asunto del petrolero iraní) y las huelgas en el sector del transporte. Ahora que se ha terminado y que volvemos a nuestros quehaceres diarios, parece un buen momento para reflexionar sobre ello y, por lo que aquí respecta, sobre la situación actual del derecho de huelga y si esto tiene algo que ver con que cada período estival se repita la misma situación.

Sin lugar a duda, el factor temporal influye. El verano es una de las épocas en que más tráfico de personas se produce, lo que eleva las probabilidades de que se intente utilizar la huelga como mecanismo de presión de aquellos conflictos que no se han resuelto a lo largo del año. No debe olvidarse que la huelga, como instrumento de presión, está destinada a causar un daño, el inherente a la cesación en el trabajo. Todo mal que vaya más allá de éste será desproporcionando, convirtiendo a la huelga en ilegal, por abusiva. 

Este elemento, que la huelga ha de causar un mal, aunque limitado, para forzar al empresario a negociar, es una característica que en los últimos tiempos parece difuminarse, afectando a la garantía de este derecho fundamental. Esto puedo observarse en dos variables básicas. De una parte, en la fijación de los servicios mínimos excesivos. En este mismo espacio de reflexión, el profesor Gimeno destacó en esta entrada los problemas derivados de la falta de delimitación del concepto de servicio esencial y la frecuente anulación de los servicios mínimos, normalmente por falta de argumentación suficiente por parte de la autoridad gubernativa.

En este sentido, es preciso recordar que el Tribunal Supremo ha señalado (STSca 28-01-2013 - ECLI: ES:TS:2013:482) que la Administración está obligada a argumentar por qué establece unos determinados porcentajes, especialmente cuando estos son elevados, por encima del 75%: «en casos como el presente en los que se acude a porcentajes [...] debe explicarse por qué se señala uno determinado y no otro distinto. Es decir, por qué el 25%, el 50% o el 75% y no, por ejemplo, el 30%, el 45% o el 70. Explicación siempre imprescindible cualquiera que sea el que se establezca porque siempre implicará una limitación al ejercicio del derecho fundamental a la huelga. Y, si se elevan al 75% o, no digamos, al 100% que significa, no ya una limitación, sino la imposibilidad de ejercer ese derecho, la necesidad de la explicación se hace, si cabe, aún más imprescindible» [el subrayado es mío]. 

A pesar de ello, el control ex post se ha mostrado altamente ineficaz para corregir la tendencia a fijar de servicios mínimos cada vez más altos. Basta con recopilar aquí los de este verano para confirmar esta aseveración: 90% para la huelga de los vigilantes de seguridad de la empresa EULEN en el aeropuerto del Prat; entre el 100% (para los vuelos con las islas, haya o no alternativas) y el 60-50% según las alternativas y circunstancias para las aerolíneas; en RENFE, 78% en AVE y larga distancia y 65% en media distancia y regionales. No puede ser de otra forma si se tiene en cuenta que las consecuencias prácticas de la declaración de nulidad por vulneración de un derecho fundamental para la Administración son muy pequeñas comparadas con la resolución del problema político que implica una huelga de este tipo.

Arquitectura, La Construcción De

De otra parte, en el recurso a arbitrajes obligatorios sin las debidas garantías cuando lo anterior falla. El conflicto de los vigilantes de EULEN en el Prat viene de lejos, de hace dos años. En aquel momento, tras varios días de huelga parcial, su transformación en una huelga total e indefinida (con unos servicios mínimos del 90%) llevó a la Administración a ordenar un laudo arbitral. En otro foro, me mostré muy crítico con aquella decisión, a mi juicio, poco razonada. El Tribunal Supremo no me dio la razón y en la STSca de 28-11-2018 (ECLI:ES:TS:2018:3880) declaró aquella decisión ajustada a Derecho. No obstante, la sentencia fue polémica, al menos a juzgar por los análisis que hicieron reputados laboralistas como el profesor Rojo, por mencionar sólo uno de los disponibles online. En su entrada incluso nos anticipó las consecuencias que esta decisión iba a tener cuando dijo que a su parecer aparecía nuevamente "el “fantasma” de la prohibición, no formal pero sí real, del ejercicio del derecho de huelga por parte de los vigilantes de seguridad (privada)".

Efectivamente, el problema no se resolvió bien, el conflicto volvió a surgir, pero esta vez los trabajadores han tenido las manos prácticamente atadas entre unos servicios mínimos elevadísimos y la amenaza al recurso a nuevo laudo que contaría con un antecedente judicial favorable. La prensa se hizo eco de su leve incidencia. No podía ser de otra forma ante tantos y tamaños obstáculos. El problema es que, como la noticia hábilmente vislumbra, cuando se bloquea la vía natural y legal de presión se cierra, otras probablemente más lesivas terminarán por surgir.

Termino ya. Vivimos tiempo de negociación para la conformación de un nuevo Gobierno. De los documentos que han aparecido en prensa hasta ahora no parece que la regulación de la huelga esté entre las prioridades de los partidos de izquierdas que aspiran a sustentarlo. Sin embargo, aunque no sería la solución a todos los problemas, sí resultaría un avance muy importante en la garantía del derecho fundamental de huelga, básico de cuantos ostentan los trabajadores. 


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