Brecha prestacional y jubilación de trabajadores a tiempo parcial. La respuesta nacional a la STJUE Villar Laiz

Tras la STJUE Villar Laiz y la STC 92/2019 sobre la inconstitucionalidad de la forma de cálculo de la jubilación de los trabajadores a tiempo parcial, es de interés la STSJ Castilla y León (Sala de Valladolid) de 11 de Julio de 2019 que pone fin al litigio que dio origen al pronunciamiento comunitario. Conviene recordar  sucintamente los hechos probados:
1. La demandante solicitó el 21.10.2016 la pensión de jubilación y por resolución de la Dirección Provincial del INSS de 26.10.2016 se concedió la misma, con una base reguladora de 736,83 €, porcentaje de la pensión del 53%, y efectos el primer pago al 01.10.2016, sobre la base de considerar 16 años cotizados y un coeficiente global de parcialidad del 51,62%.
2. Disconforme con dicha resolución, la demandante, en su suplico solicitaba el reconocimiento de una cuantía para su pensión de jubilación del 80,04% de su base reguladora de 736,83 euros (589,76 euros mensuales, en catorce mensualidades anuales), en lugar de la que le había sido reconocido. La diferencia en términos anuales, por tanto, es de 2789,34 euros, pues consideraba que la fórmula de cálculo, que, como es sabido, solamente opera sobre los periodos trabajados a tiempo parcial, es contraria al derecho fundamental a la igualdad y no discriminación por razón de sexo, al ser constitutivo de una discriminación indirecta, dado que la contratación (y, por consiguiente, la cotización a efectos de la futura pensión de jubilación) a tiempo parcial afecta a un número desproporcionadamente superior de mujeres que de hombres. 
3. Planteada cuestión prejudicial, el TJUE, este consideró que:
  • Este trato desigual rompe con el principio de proporcionalidad desde el momento en el que, a una reducción razonable de la base reguladora para el trabajador a tiempo parcial en función de una menor base de cotización, añade una reducción también del período de cotización para fijar la cuantía de la prestación (porcentaje sobre la base), lo que no se hace con el trabajador a tiempo completo. 
  • El Alto Tribunal considera que la normativa española es contraria al ordenamiento comunitario por generar una discriminación indirecta que penaliza a las mujeres en la cuantía de la jubilación si bien remite al órgano jurisdiccional remitente comprobar si estos datos son válidos, representativos y significativos.



Esta labor la efectúa la STSJ de Castilla y León objeto de este comentario. Especialmente relevante es la afirmación contenida en dicho pronunciamiento en relación a la utilización de los datos de la EPA para fundamentar la feminización del trabajo a tiempo parcial, el dato se refiere a estadísticas oficiales, que “son objeto de regulación por la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública. O dicho de otro modo, nos encontramos con datos que cumplen todos los requisitos para aplicar el concepto de notoriedad absoluta y general del artículo 281.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”, toda vez que:  a) Son datos oficiales, elaborados por un organismo autónomo de carácter administrativo (artículo 25 de la Ley 12/1989); b) Son datos públicos y de libre acceso a través del sitio web oficial del Instituto Nacional de Estadística; c) Tienen una amplia difusión.  A este respecto, el TSJ recuerda que la distribución por sexos en el colectivo de trabajadores a tiempo parcial con coeficientes de parcialidad inferiores al 66,66% es mayoritariamente femenina; siendo esto así, se cumple el único criterio que en el fallo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que respondió a la cuestión prejudicial somete a la consideración del órgano remitente. Atendiendo a esta argumentación, la naturaleza discriminatoria por razón de sexo de la aplicación del coeficiente de parcialidad en el cálculo de la pensión de jubilación es el fundamento para estimar el recurso de suplicación, reconociendo el derecho a que la cuantía de la pensión sea el resultado de aplicar un porcentaje del 80,04% a su base reguladora de 736,83 euros, con efectos económicos desde el 1 de octubre de 2016, condenando al INSS y a la TGSS a abonar a la demandante dicha pensión en el futuro.
No cabe desconocer, en definitiva, cómo la orientación de la sentencia Elbal Moreno, pero también la sentencia Villar Laiz, la STC de 11 de julio de 2019 (aunque en dicho asunto el demandante fuese un varón) y la comentada en esta entrada insisten en una doble línea de actuación: una principal y obvia, la defensa de la mujer trabajadora, pero también la del trabajo a tiempo parcial, sobre la base de que este es mayoritariamente femenino en casi todos los países europeos. 

Llevamos ya varias sentencias que nos advierten que tenemos un problema serio con la protección social del trabajo a tiempo parcial como ya advertían los profesores Pérez del Prado y Aragón Gómez en este mismo foro. Para tratar de sistematizar la normativa aplicable a estas nuevas resoluciones judiciales, el 12 de agosto, la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica ha publicado el Criterio de gestión nº 17/2019, referido al "porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de jubilación cuando el beneficiario ha desempeñado trabajos a tiempo parcial", y que ya ha sido objeto de atinados comentarios por el profesor Arenas, estimándose que la aplicación de este criterio implicará la revisión de oficio de "alrededor de 8.500 de pensiones ya reconocidas con resolución no firme, de las que cerca de 2.200 se pueden ver incrementadas en torno a un 4%".

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