La prescripción de las deudas derivadas de la relación laboral sigue siendo de un año

Hace pocos días irrumpió en las redes sociales  y algún medio de comunicación la noticia una sentencia que –en estos tiempos de la urgencia y la inmediatez– podría calificarse como “vieja”, pues tenía ya más de un año y ya en enero de este año, alguna página especializada se había hecho eco de ella. Se trata de la STSJ del País Vasco de 27 de marzo de 2018 en la que se llega a una conclusión aparentemente sorprendente: el tribunal parece aplicar plazos de prescripción civiles al cobro indebido por parte del trabajador de determinados conceptos.
Fotografía: Pablo Gimeno Díaz de Atauri

El razonamiento del tribunal es el siguiente (la negrita es mía):
“SEGUNDO.- De la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida se desprende que fue la empresa la parte litigante que alegó la excepción de prescripción, siendo desestimada; por lo que parece novedosa la alegación en el recurso del trabajador de la infracción del art. 59 del Estatuto de los Trabajadores.
No ha quedado desvirtuado el hecho de que, a causa de un fallo en el mecanismo de control de la jornada laboral, el demandante, al igual que los demás trabajadores, cobraron en exceso en concepto de trabajo en días festivos cuando lo cierto es que no había sido así, lo que constituyó un cobro de lo indebido que, conforme al art. 1895 del Código Civil sitúa al que cobró en la obligación de devolverlo, lo que la empresa acreedora materializó mediante descuentos mensuales, lo que contó con el amparo del art. 1196 del Código Civil, por concurrir todos los requisitos ahí previstos; por lo que procede confirmar la sentencia que así lo apreció."
Una lectura más sosegada de esta sentencia, incluido su voto particular, desmienten la aventurada (e insisto, sorprendente) conclusión que parece deducirse de los titulares enlazados. El razonamiento seguido por la sala se limita a señalar la falta de alegación por parte del trabajador impugnante de la prescripción en la instancia, de modo que su introducción en fase de suplicación –recurso extraordinario– resulta extemporánea.
El voto particular así lo confirma, cuando afirma lo siguiente:
“En  consecuencia,  si  considero  que  la  pretensión  de  demanda  ya  incluía  un  alegato  específico  sobre  el decaimiento del derecho, creo que debe estimarse que la deuda solamente permanecía por el tiempo que comprende de julio de 2015 a enero de 2016.”
Dicho de otro modo, entiende el magistrado discrepante que la propia demanda (de la empresa), al contrario que la mayoría de la sala, que la prescripción no fue debidamente alegada en la instancia, por lo que no puede estimarse. La referencia al cobro de lo indebido (art. 1895 del código civil) o a la compensación de dudas (art. 1196 del Código Civil) no supone entender que la deuda sea ajena a la relación de trabajo y al ámbito del art. 59 ET; por el contrario, la resolución se limita a indicar el régimen jurídico del que deriva la obligación jurídica cuya prescripción se pretende.

Y es que no puede olvidarse que el instituto de la prescripción tiene una naturaleza peculiar, por cuanto que no afecta a la existencia del derecho –que habrá nacido o no en función de los hechos y las normas que les fueran aplicables, y en su caso se habrá extinguido por idénticos criterios– sino tan sólo a su ejercicio, por una mera cuestión de seguridad jurídica.

Aprovechando que en esta entrada dejo de lado la actualidad en aras a la claridad, me permitiré citar una sentencia de hace nada menos que 32 años, cuando se afirmó que “la prescripción, por su propia naturaleza, es una excepción que puede oponer la parte y no cabe apreciarla de oficio”. Ello se debe –podemos acudir aquí a sentencias más recientes, incluso de este mismo año– a que la prescripción no se funda en una idea de justicia (pues de hecho, evita que el tribunal valore el fondo del asunto, con lo cual, nada habrá de justo o injusto en la fundamentación del fallo. Es en realidad, el efecto que un acreedor debe soportar por su propia dejadez, en aras a la seguridad jurídica. Ello que conlleva, por una parte, la aplicación restrictiva del instituto de la prescripción (porque limita el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva) y por otra, que no pueda apreciarse de oficio, sino que debe aportarse al proceso por quien se ha sentido liberado de su deuda ante la inacción de la parte contraria.

Y por centrar el tiro, en 2009 el Tribunal Supremo dejó claro que, de no haberse alegado en la instancia, en un recurso de naturaleza extraordinaria y limitado a los motivos legales, como es la suplicación, no cabe introducirlo en el proceso.  Se trataría de una cuestión nueva, lo que no puede admitirse en esa fase procesal.

De esta forma, volviendo a la Sentencia que ha dado origen a esta entrada, queda claro que lo que se discute entre la mayoría y el voto particular no es otra cosa que la existencia o no de esa alegación en la demanda original, aspecto sobre el que no es posible valorar sin tener acceso a dicho documento, pero que en cualquier caso tiene una trascendencia jurídica casi nula más allá del interés particular de las partes. No es, desde luego, una exclusión de la aplicación del plazo de un año a las deudas del trabajador con el empresario, sino un recordatorio de la naturaleza material de esta excepción, plenamente sometida al principio de aportación de parte.

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