Google Maps como prueba en el proceso social


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La extensa regulación de los medios de prueba de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dada s naturaleza supletoria en el proceso social, permite completar, en muchos casos, las carencias de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, mucho más parca en esta materia. Aun así, la ley procesal civil, consciente de la dificultad de prever todos los posibles medios que las partes puedan aportar al proceso para lograr la convicción del juzgador, admite genéricamentecualquier otro medio no expresamente previsto” que permita obtener “certeza sobre hechos relevantes”, en cuyo caso se conceden amplias facultades al tribunal, indicando que deberá adoptar “las medidas que en cada caso resulten necesarias”.
La medición de itinerarios y distancias es una cuestión que con frecuencia tendrá relevancia en pleitos que puedan plantearse en la jurisdicción social. Así, no sólo podrá discutirse el pago de kilometrajes, sino habrá que valorar el tiempo empleado entre dos lugares en los que deben prestarse servicios o la existencia de accidente de trabajo in itinere, atendiendo a la ruta escogida por el trabajador y el lugar del siniestro.
Si el lector se pregunta cómo comprobar estas distancias e itinerario, posiblemente le venga a la mente una respuesta: Google Maps. La aplicación gratuita de una multinacional norteamericana se ha convertido en la vida cotidiana, en una suerte de estándar de medición de distancias e incluso tiempos entre dos puntos, que procesalmente tiene la virtualidad de sustituir a muy bajo coste una prueba pericial de un experto (geógrafo, topógrafo, ingeniero…) que pudiera informar sobre estos extremos.
El problema es claro: ¿hasta qué punto puede utilizarse el resultado de esta aplicación informática en el proceso? A la vista del mencionado art. 299 LEC, es claro que, en cuanto que permita obtener certezas sobre hechos relevantes, tiene que ser admitida, pero eso lleva a otra pregunta probablemente fundamental ¿qué valor probatorio ha de dársele? Resulta claro que la aplicación no es en sí misma un documento, sino que como mucho tendrá esa naturaleza la impresión de cada una de las rutas que se busquen, que por otra parte se referirán a un momento concreto, pues puede haber incidencias en las vías que aparezcan o desaparezcan.
Así, puede atenderse, por ejemplo, a la STSJ de Asturias de 29 de marzo de 2019(Rº325/2019), en la que, analizando la naturaleza de modificación sustancial de condiciones de trabajo o mera facultad organizativa empresarial para el traslado de una limpiadora de un centro de trabajo fijo a una sucesión de inmuebles (comunidades de propietarios), valora que la forma en que tiene que organizar su trabajo la empleada supone una modificación sustancial. Para ello tiene en cuenta que “aunque los dos centros iniciales son contiguos e igual sucede con los tres finales, no ocurre lo mismo con el intermedio. Incluso de atender al detalle sobre el tiempo de los desplazamientos según la aplicación Google Maps, presentado de forma impresa por la empresa y unido a los folios 68 a 71 de los autos, no habría posibilidad de cumplir el horario: de Dirección1  andando se tarda un mínimo de 8 minutos; y 9 minutos desde esa plaza a Dirección2".
En cualquier caso, los tribunales parecen tener un alto grado de confianza en la aplicación. Así, la STSJ de Navarra de 22 de febrero de 2019 (Rº48/2019) afirma categóricamente (FJ.4º) que “la herramienta de Google tiene certeza y es un elemento de prueba objetivo y razonable, y sin duda el conductor podrá probar que ha realizado más kilómetros por alguna causa concreta obras,rapidez, conveniencia, etc”. Esta resolución, por tanto, parece asumir un valor próximo a la prueba plena, pues lo que admite el tribunal no es que la distancia pueda estar mal calculada, sino que el trabajador puede haber optado por otra ruta. Sorprende además la naturalidad con la que lo afirma el tribunal, cuando de hecho no es siquiera necesario para fundamentar el fallo, pues ya en el fundamento jurídico previo se había rechazado la revisión de hechos probados propuesta por el trabajador recurrente.
En el mismo sentido, analizando si un determinado accidente en bicicleta (vehículo habitual del trabajador) había de calificarse como laboral, en la STSJ de Valencia de 17 de enero de 2019 (Rº3879/2017) leemos como hecho probado en la instancia que “Consta informe extraído por la Mutua demandada de google maps según el cual el actor fue encontrado inconsciente en el trayecto habitual a su domicilio, a una distancia de un minuto en bicicleta de su centro de trabajo, siendo la distancia hasta su domicilio en bicicleta de unos 28 minutos”. En este caso, no sólo se usa Google Maps como criterio para medir distancias, sino que incluso se confía en su estimación de tiempos de un modo que resulta casi ridículo (atribuible a la parte que aporta el informe, no al juzgador), pues en un minuto en bicicleta se recorrerán apenas unos centenares de metro, de modo que el trabajador accidentado se encontraba claramente en un lugar muy próximo al centro de trabajo.
En otros casos, los tribunales parecen ir más allá, e implícitamente dar a los resultados de Google Maps un valor próximo al hecho notorio, por cuanto que aluden al mismo sin referirse a documentos aportados por la parte. Así, también la STSJ de Barcelona de 7 de diciembre de 2018 (Rº5615/2018) reproduce el razonamiento de instancia en el que se afirma que “una sencilla consulta en la aplicación Google Maps permite observar que el camino desde Gran Vía de les Corts Catalanes 111 (Ciudad de la Justicia) hasta C/ DIRECCION000 NUM001 puede realizarse en transporte público a través de diferentes rutas en menos de una hora. De hecho, las cuatro primeras rutas recomendadas realizan el recorrido en un tiempo teórico inferior a los 45 minutos y por mucho que puedan añadirse demoras a causa del tráfico no es concebible el empleo de casi tres horas en el trayecto. Además la referida consulta permite observar que ninguna de las rutas ofrecidas por la aplicación pasa por la Plaza Francesc Macià ni por sus alrededores, y ello con independencia de que se empleen las diferentes opciones de bus o metro que ofrece la ciudad de Barcelona. Así, se utiliza como argumento (no como hecho) la ruta propuesta por la aplicación, pero –sin haber consultado la resolución de instancia– aparentemente por iniciativa del propio juzgador, lo que plantea problemas con relación al principio de aportación de parte.
 Otros órganos judiciales, sin embargo, son más escépticos en cuanto al valor que aporta una impresión de los resultados ofrecidos por la aplicación. Así, la STSJ de Madrid de igual día que la anterior (Rº578/2018) rechaza una revisión fáctica propuesta sobre distancia entre centros de trabajo (FJ2) basándose en que las “impresiones de unas páginas de Internet (Google Maps) que carecen de fehaciencia” no tienen “virtualidad u operatividad suficientes, dado su carácter privado y falto de oficialidad” para desvirtuar las conclusiones del órgano judicial de instancia.
A la vista de las resoluciones citadas, puede afirmarse la admisibilidad probatoria de los documentos generados por la aplicación de mapas, y parecen gozar de una cierta presunción de “acierto” entre nuestros tribunales, si bien siempre será posible discutir esa corrección.

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