Trabajo doméstico y derechos colectivos. Algunas reflexiones ante la posible ratificación del convenio 189 OIT

A pesar de las declaraciones programáticas del Gobierno español en relación a la próxima aprobación del Convenio 189 OIT, "da la sensación de tratarse de un convenio que ha caído en el olvido y que, salvo la insistencia recurrente del todavía incipiente movimiento asociativo, ha sido imbuida por una desidia que imposibilita la necesaria acción política". Y a este respecto, la profesora Grau Pineda recuerda "que España podría haber ratificado el Convenio 189 desde el día siguiente a su aprobación y haber llevado a cabo las modificaciones/adaptaciones normativas precisas sin solución de continuidad, nadie lo pone en duda. Pero no se ha optado por esa posibilidad y, en estos momentos de impasse, conviene insistir en que la ratificación del Convenio 189, además de ser una cuestión de justicia social, es importante también en términos económicos y de seguridad social". 


Un reciente estudio de la OIT, denominado “Impacto de las reformas legislativas en el sector del empleo de hogar en España”, señala que, a finales de 2016, había 630.100 personas ocupadas como personal doméstico –lo que representa el 3,4% de las ocupadas– según la EPA del cuarto trimestre 2016, casi 9 de cada 10 personas trabajadoras en este sector somos mujeres, en su mayoría migrantes. Además, la economía sumergida en este sector supera el 30%, diez puntos porcentuales por encima de otros sectores.

España es el país europeo con mayor número de empleadas del hogar (28,6% del total del empleo del sector en toda Europa), siendo la precariedad de sus condiciones de trabajo un diagnóstico unánime en quienes han analizado los rasgos caracterizadores de este sector de actividad. En demasiadas ocasiones, las empleadas domésticas, aisladas geográficamente, no tienen elementos de referencia que les sirvan para unirse con el fin de organizarse y actuar en defensa de sus intereses comunes. Y esta dispersión es el mayor reto al que se enfrentan quiénes quieren asumir la representación legal de estas trabajadoras, debiendo plantearnos cuáles serían las mejores fórmulas para conseguir esta representación de intereses colectivos. Ahora bien, cualquier solución que se proponga ha de partir de un dato: que el lugar de trabajo sea el hogar familiar no solo genera aislamiento para las trabajadoras domésticas con los retos que esta individualización supone para el hecho sindical, sino que, en muchas ocasiones, la actividad laboral se realiza sin compañía ni siquiera de quienes conviven en el hogar familiar. Pero es que, además, la cercanía entre trabajadora y empleador, unidas a una dirección y control muy estrecho por parte de este último, supone el mayor reto para el ejercicio de derechos colectivos, especialmente si tenemos en cuenta que, en este sector, no existe un colectivo laboral relativamente homogeneizado sino un conjunto fragmentado y desigual de trabajadoras.

Cabría plantearse la idoneidad de atribuir esta representación ex lege a los sindicatos más representativos, al igual que ocurrió en relación a las empresas de trabajo temporal cuando se aprobó, en 1994, su normativa reguladora. En cierta medida, esta función está siendo ya asumida por CCOO y UGT en las diferentes mesas de diálogo social, exigiendo al Gobierno la ratificación del convenio 189 OIT. Aunque, al tiempo, hay otros movimientos reivindicativos que también están pretendiendo capitalizar esta demanda (v. gr. Grupo Turín), debiendo idearse formas de actuación conjunta en pos de la dignificación del trabajo doméstico, objetivo compartido por todos ellos.

La ineludible ratificación del convenio 189 OIT por el Estado español supondría una mejor protección de los derechos colectivos de las trabajadoras domésticas, pues no solo se insta a los Estados a adoptar medidas para asegurar el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva sino también a promovoer la constitución de las organizaciones, federaciones y confederaciones que estimen convenientes. Es evidente que aunque el ordenamiento jurídico español no prohíbe el hecho sindical, las dificultades para su ejercicio han impedido, de facto, el ejercicio de derechos colectivos, siendo esta actuación imprescindible para la protección de los derechos laborales de quienes, a la postre, sustentan buena parte de nuestro modelo social, cuidando a personas dependientes y permitiendo la conciliación de la vida laboral de muchas personas en este país.

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