El Amianto y Metro de Madrid


 
¿Cómo es posible que aún pueda morir un trabajador porque no se han tomado las medidas de seguridad adecuadas frente al amianto?, y, ¿cómo es posible que, con todos los avances tecnológicos y científicos aplicados a  nuestras modernas relaciones laborales, de los que nos vanagloriamos, aún haya trabajadores expuestos (que manipulan sin seguridad) al amianto?. Pues sí, hay trabajadores que mueren por exposición, en su puesto de trabajo, al amianto. Y probablemente haya muchos trabajadores que siguen expuestos a este agente, quizá sin que estén lo suficientemente protegidos, incluso sin que estén informados de ello, con un pleno desconocimiento por parte de la sociedad de los letales efectos de este riesgo laboral. El amianto ha sido utilizado históricamente en multitud de productos, por lo que muchos profesionales y trabajadores siguen en contacto con el amianto en sus tareas habituales: fontaneros, albañiles, personal de derribo y mantenimiento de edificios, técnicos de automóviles, mantenimiento de buques, etc. y por su puesto, trabajadores del sector ferroviario.

Tal es el caso de un trabajador de la empresa Metro de Madrid que murió en octubre de 2018 por exposición al amianto en su puesto de trabajo, siendo ya tres trabajadores los que han muerto por la misma causa en la empresa, uno en mayo de 2018, y otro, precisamente en abril de 2019. Su viuda e hija interpusieron demanda reclamando la indemnización por daños y perjuicios por el incumplimiento de la empresa de las medidas de seguridad y salud laboral. Y ya tenemos la reciente Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 10 de Madrid, de 8 de abril de 2019 (Autos núm. 651/2018) que ha analizado el caso y que, con buen criterio, condena a la empresa a indemnizar a la familia del fallecido.

Antes de comentar la Sentencia a la que hemos tenido acceso, y para ponernos en situación, tenemos que recordar, aunque sea brevemente, la evolución normativa que ha tenido el amianto. En España, en el Decreto de 10 de enero de 1947 sobre el seguro de enfermedades profesionales, ya se incluía la asbestosis como enfermedad profesional de manera expresa. No es que en ese momento el uso del amianto estuviese prohibido, pero sí que ya se empezaban a conocer los efectos que podía tener la exposición a determinados agentes (en esta norma no se menciona el amianto como tal), lo que sin duda, ya nos hubiera debido poner en alerta. Posteriormente, el Decreto 792/1961, de 13 de abril, sí contempla propiamente el amianto como causante de la asbestosis y regulaba las concentraciones máximas permitidas, y el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, regulaba las concentraciones máximas permitidas en ambiente interior de actividades insalubres en atención a producir humos, nieblas y polvos, teniendo que estar dotadas de instalaciones adecuadas para la depuración. El avance de las investigaciones científicas se pone de relieve en 1973 cuando el Centro Internacional de Investigación del Cáncer de la OMS clasifica todas las categorías de amianto como cancerígenas, con lo que oficialmente se produce el reconocimiento científico internacional de la carcinogenicidad del amianto. Conociendo ya los riesgos que entrañaban el uso del amianto, con la Orden de 21 de julio de 1982, se aprueba una norma específica de manipulación del amianto regulando las condiciones en las que debían realizarse los trabajos con este agente. Finalmente, con la Orden de 7 de diciembre de 2001 se prohíbe la fabricación, comercialización y utilización de todos los tipos de amianto, con efectos desde el año 2002. En lo que tiene que ver con las normas de seguridad para trabajos de exposición al amianto, se sucedieron varias normas desde los años 80, quedando regulado en la actualidad en la Directiva 2009/148/CEde 30 de noviembre de 2009 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo, y el RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas deseguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición alamianto.

Pues bien, pese a toda esta regulación (y mucha más a la que no hemos hecho referencia para no aburrir al lector), de la que se desprenden obligaciones claras para la empresa cuando haya trabajadores expuestos al amianto, nos encontramos con casos como el de nuestro trabajador de Metro de Madrid, respecto del cual no se ha cumplido absolutamente ninguna de esas obligaciones. De los hechos de la sentencia queda demostrado que el trabajador, oficial de mantenimiento, realizaba desde el año 1987 labores diarias de revisión de trenes y reparación de averías, manipulando elementos con amianto como cofres, zapatas, frenos, o apagachispas que limpiaba, lijaba y soplaba, siendo una actividad que desprendía polvo de asbesto. En el Informe de la ITSS que recoge la Sentencia, se establece que la empresa no había realizado evaluaciones de riesgos que tuviera en cuenta el amianto, ni controles en los ambientes de trabajo. No había adoptado medidas técnicas ni organizativas generales ni específicas; ni medidas de higiene personal, incluso los trabajadores se llevaban a casa su ropa de trabajo; ni medias de protección personal. Tampoco se había realizado señalización de los equipos que contuvieran amianto, ni se garantizó al trabajador (ni a ningún trabajador de la empresa) una vigilancia específica de la salud que tuviera en cuenta este riesgo. Por supuesto, no se informó al trabajador, ni se le formó en relación a los riesgos de realización de trabajos con exposición a amianto. Como podemos imaginar, con un curriculum así por parte de la empresa, era esperable que la familia del fallecido obtuviera una sentencia estimatoria de sus intereses, aunque su mayor interés ya no se pueda cumplir en modo alguno.

Metro de Madrid alega que no toda enfermedad pulmonar se produce por exposición al amianto, sino también, por ejemplo, por fumar, o por antecedentes familiares, como era el caso del trabajador, cuyo padre y hermano habían fallecido por cáncer y, además, él había sido fumador, habiendo padecido en 2010 un cáncer de laringe. Además, alega la empresa que la mera presencia de amianto no da lugar a la enfermedad del amianto, porque es distinto la existencia de amianto que la exposición al amianto, y que desconocían los efectos de la inhalación del asbesto, por lo que se debe eximir la responsabilidad empresarial.

Ante tales alegaciones, la Jueza va determinando sus propias conclusiones. En primer lugar, toma en consideración que el INSS ya había declarado que la Incapacidad Temporal en la que se encontraba el trabajador desde el 10 de mayo de 2017, se debía a contingencias profesionales, declarando posteriormente al trabajador en situación de incapacidad permanente absoluta por enfermedad profesional. Siendo esto así, no cabe duda que hay un nexo causal entre el fallecimiento del trabajador  y  la enfermedad profesional que padecía, y, añadimos nosotros, un nexo entre la falta de medidas de seguridad y el propio desarrollo de la enfermedad. Así mismo, la Jueza de lo Social trae a colación la jurisprudencia (STS de 5 de junio de 2013 (Rº. 1160/2012); STS de 7 defebrero de 2019 (Rº. 1680/2016)) existente sobre la responsabilidad de la empresa en los casos de incumplimiento de medidas de seguridad respecto de trabajadores expuestos al amianto, que viene entendiendo que “la conducta omisiva de la empresa supuso una elevación o incremento del riesgo de daño para el bien jurídico protegido por la norma, en este caso la salud de los trabajadores, elevando sustancialmente las probabilidades de acaecimiento del suceso dañoso, como aquí ha ocurrido, lo que nos permite establecer la relación causal entre el conjunto de incumplimientos referido y la enfermedad profesional declarada por exposición continua al amianto, ante la certeza o máxima probabilidad que de haberse cumplido las prescripciones de seguridad exigibles el resultado no hubiese llegado a producirse en todo o en parte”.

En lo que tiene que ver con el cáncer previo y el consumo de tabaco, el informe médico había dejado claro que el cáncer de laringe sufrido por el trabajador en el año 2010 era distinto al ocasionado por inhalación del asbesto, ya que el producido por el amianto era un cáncer terminal, mientras que el de laringe no había producido recidiva. En relación con la reducción o eliminación de la responsabilidad indemnizatoria por el hecho de que el trabajador hubiera sido fumador, la Jueza con muy buen criterio, de nuevo, trae a colación la reciente STS de 21 de diciembre de 2018 (Rº. 1543/2017) que había resuelto un tema de determinación de la indemnización de daños y perjuicios derivados de enfermedad profesional como consecuencia de la exposición al amianto en un trabajador que era fumador. Entiende el TS que lo determinante y excluyente es que se trata de una contingencia profesional constatada que por sí sola posee la suficiente entidad para generar la incapacidad laboral del trabajador o la muerte. Por lo tanto, es irrelevante que fuera fumador, primero porque no se ha calificado la contingencia como común, y segundo porque la empresa, en todo caso, incumplió el deber de adoptar medidas preventivas.

Sobre el desconocimiento de los efectos de la inhalación del asbesto, y aunque la sentencia lo pasa un poco más por encima, debemos recordar que el amianto, ha sido abundantemente tratado por nuestra jurisprudencia, que de forma mayoritaria (aunque con algunas excepciones), ha entendido el amianto como un riesgo que despliega todos los efectos obligacionales y de responsabilidad sobre la empresa. Aunque los daños que podía producir este agente no se conocían en un primer momento con la profundidad que se conocen ahora, y sus efectos se observan a largo plazo, las empresas no adoptaron ni siquiera las medidas de seguridad recogidas en las primeras normas. El amianto ha sido considerado así como un riesgo del desarrollo que la jurisprudencia se ha encargado de proteger, aunque fuera para indemnizar a los trabajadores o a sus familiares cuando, en todo caso, ya era tarde (STS de 8 de febrero de 2007 (Rº. 762/2000, sala de lo civil)).  La cuestión es que en el caso de nuestro trabajador, él comenzó a trabajar para Metro de Madrid en 1987, y aunque aún no se había prohibido el uso y comercialización del amianto, sin embargo, ya sí se conocían los efectos que este agente producía sobre la salud, por lo que la empresa, debería haber conocido que sus trabajadores estaban expuestos al amianto, algo que hubieran comprobado con una correcta evaluación de riesgos, que no hicieron.

La Sentencia, finalmente resulta estimatoria de la indemnización de daños y perjuicios que solicita la parte trabajadora (viuda e hija del trabajador), ascendiendo a la cantidad de 371.733,65€. De las últimas noticias que hemos podido ver, la empresa no va a recurrir la sentencia, por lo que la damos por firme. También sabemos, porque así aparece en el propio texto de la sentencia que comentamos, que la empresa ya ha tomado algunas medidas para prevenir futuros daños sobre la salud de los trabajadores. Metro de Madrid ahora informa a los trabajadores de los elementos que contienen amianto, los ha sellado y señalizado, y ha prohibido a sus trabajadores que toquen cualquier elemento que contenga el agente, siendo una empresa homologada y especializada la que se encarga de la manipulación de los materiales y elementos de la maquinaria que tienen amianto.

Sin embargo, no dejamos de plantearnos si se trata de medidas suficientes y adecuadas, si la empresa está tomando todas las precauciones exigibles conforme al estándar de prevención de riesgos que impone nuestra Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, es decir, si la empresa está llevando a cabo las esenciales medidas exigibles y necesarias para evitar el daño que se pueda ocasionar a los bienes protegidos: la salud y la vida de los trabajadores. No podemos dejar de pensar si este agente, que está tan presente en nuestras vidas, pueda afectar, o haya podido afectar, a otros trabajadores de la red de Metro que, no tiendo un contacto directo, por no ser trabajadores de mantenimiento, por ejemplo, antiguos taquilleros, jefes de sector, interventores, etc., sin embargo, si que están presentes durante todas sus jornadas laborales, en zonas de averías, reformas, etc., donde sí que se pudiera está manipulando amianto, por lo que ellos también estarían inhalando amianto de manera constante. No olvidemos que una buena parte de las estaciones de metro se construyeron en una época en la que el amianto no estaba prohibido (Alfonso XIII inauguró el Metro de Madrid el 17 de octubre de 1919, el trayecto de la actual línea 1 entre Sol y Cuatro Caminos), y su uso en la construcción era prácticamente absoluto. 
Imagen tomada el 5 de mayo de 2019 en la estación de metro de Pavones (en obras desde hace más de un año)

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